**Illinois pide bloquear cambios en la elegibilidad de SNAP para inmigrantes**
Una coalition de 21 estados demócratas, incluyendo Illinois, ha presentado una demanda contra el Departamento de Agricultura (USDA) y su secretaria, Brooke Rollins, para bloquear un cambio en el programa federal de estampillas de alimentos que impidió a algunos inmigrantes legales acceder a la ayuda alimentaria.
El cambio en cuestión afecta a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), también conocido como el "comida para pobres". Los funcionarios estatales argumentan que la guía emitida por el USDA hace que algunos inmigrantes, incluidos aquellos que fueron admitidos como refugiados o se les otorgó asilo, sean inelegibles para la ayuda alimentaria, incluso después de obtener la residencia permanente.
"El programa SNAP es el programa anti hambre más importante del país, proporcionando acceso a alimentos para millones de familias mientras apoya a los minoristas y comerciantes locales que son críticos para la economía de nuestro estado", declaró Kwame Raoul, el principal abogado de Illinois.
Raoul afirma que la guía viola la ley federal y perjudica la capacidad del estado para proporcionar servicios vitales a los residentes necesitados. La demanda solicita a la corte que bloquee la implementación del cambio y que el USDA revise su política.
La presentación se realiza después de que los fiscales generales plantearan el tema en una carta a Rollins. El USDA y el Departamento de Justicia se negaron a comentar sobre la demanda.
El programa SNAP es fundamental para millones de personas en Illinois, que reciben aproximadamente $350 millones cada mes. Casi 2 millones de personas dependen de la ayuda alimentaria.
La lucha de Illinois por bloquear el cambio en la elegibilidad de SNAP para inmigrantes es parte de una tendencia creciente de los estados demócratas que buscan proteger a sus residentes inmigrantes. La demanda pide a la corte que considere las implicaciones éticas y legales del cambio y que asegure que todos los ciudadanos, independientemente de su estatus migratorio, tengan acceso a servicios vitales como la ayuda alimentaria.
Una coalition de 21 estados demócratas, incluyendo Illinois, ha presentado una demanda contra el Departamento de Agricultura (USDA) y su secretaria, Brooke Rollins, para bloquear un cambio en el programa federal de estampillas de alimentos que impidió a algunos inmigrantes legales acceder a la ayuda alimentaria.
El cambio en cuestión afecta a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), también conocido como el "comida para pobres". Los funcionarios estatales argumentan que la guía emitida por el USDA hace que algunos inmigrantes, incluidos aquellos que fueron admitidos como refugiados o se les otorgó asilo, sean inelegibles para la ayuda alimentaria, incluso después de obtener la residencia permanente.
"El programa SNAP es el programa anti hambre más importante del país, proporcionando acceso a alimentos para millones de familias mientras apoya a los minoristas y comerciantes locales que son críticos para la economía de nuestro estado", declaró Kwame Raoul, el principal abogado de Illinois.
Raoul afirma que la guía viola la ley federal y perjudica la capacidad del estado para proporcionar servicios vitales a los residentes necesitados. La demanda solicita a la corte que bloquee la implementación del cambio y que el USDA revise su política.
La presentación se realiza después de que los fiscales generales plantearan el tema en una carta a Rollins. El USDA y el Departamento de Justicia se negaron a comentar sobre la demanda.
El programa SNAP es fundamental para millones de personas en Illinois, que reciben aproximadamente $350 millones cada mes. Casi 2 millones de personas dependen de la ayuda alimentaria.
La lucha de Illinois por bloquear el cambio en la elegibilidad de SNAP para inmigrantes es parte de una tendencia creciente de los estados demócratas que buscan proteger a sus residentes inmigrantes. La demanda pide a la corte que considere las implicaciones éticas y legales del cambio y que asegure que todos los ciudadanos, independientemente de su estatus migratorio, tengan acceso a servicios vitales como la ayuda alimentaria.